Personas que tengan denuncias de agresiones sexuales no podrán registrarse como candidatos

Por: Ana Lilia Ramírez
Tijuana. – Personas que tengan antecedentes de denuncias de agresiones sexuales, deudores de pensión alimenticia y/o quienes ejerzan violencia doméstica contra mujeres podrán negarles su registro como candidatos a puesto de elección popular en Baja California.

Se trata de un lineamiento denominado “3 de 3 contra la violencia de género” aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) que establece que los todos partidos políticos o los candidatos independientes, deben de presentar como requisitos un formato bajo protesta de decir verdad, que no han sido condenados o sancionados por tres delitos: violencia familiar o doméstica, delitos en contra de la libertad sexual, o la intimidad corporal y no estar registrado como deudor de una pensión alimenticia.

Graciela Amezola Canseco, Consejera Electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación mencionó que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) se prepara para adecuar los lineamientos federales con los locales, pues por primera vez se pedirá este requisito a quienes aspiren un puesto de elección popular.

“Esta es la declaración tres de tres que también estamos solicitando que se presenten al momento de solicitar el registro de una candidatura, por lo pronto a través de un escrito de decir verdad, y pues quien tenga salvo prueba de lo contrario de los que se está declarando, pues tendrá que presentar los elementos objetivos para poder acreditar si están en los supuestos” declaró la consejera del IEEBC.

En caso de que un candidato de elección popular haya presentado el formato de buena fe el instituto estatal electoral notificará a los partidos políticos para que solventes la falta.

“El procedimiento que establece la ley, en el caso de registro de candidaturas, es que haya una prevención en caso que no se cumplan con estos formatos o esta información y el partido tendrá que subsanar estos requerimientos” señaló la consejera.

Para la abogada Gabriela Rodríguez, quien es experta en temas de igualdad de género, dijo que si existe un recurso legal que podrían negar candidatura a un hombre o mujer con antecedentes de violencia, podrán apelar ante un tribunal electoral.

“Desde el registro de su precandidatura, ellos hacen un manifiesto de que no traen un ningún antecedente de este tipo, entonces si alguien hace una denuncia y demuestra que esa persona sí cuenta con un antecedente (de violencia de género), le deben de negar la candidatura y si no, cualquier persona puede impugnar dicha candidatura y seguramente un tribunal la va a cancelar” dijo la abogada.

El lineamiento del Instituto Nacional Electoral tres de tres contra la violencia de género, conocido con el hashtag ‘#3de3VsViolencia’ es una propuesta del grupo ‘Las Constituyentes Feministas’ que aglutina a legisladoras y agrupaciones feministas y de defensa de derechos humanos, busca que los partidos políticos y candidatos independientes se comprometan a adoptar medidas para dejar fuera de sus listas de candidatos a quienes hayan sido sancionados por cualquiera de las tres modalidades, antes descritas, de violencia de género.

En Baja California los candidatos deberán llenar y firmar un formato, en el que señalen que no se encuentren bajo tres supuestos delitos ya sea condenados o en proceso penal y para grupos feministas es un primer paso.

Aunque aún no es una ley el #3de3VsViolencia y solo es un compromiso de buena fe de los partidos políticos y candidatos independientes, el siguiente paso sería realizar una reforma en la legislación electoral de Baja California en la que se obligue a los hombres y mujeres no tener antecedentes de violencia de género, de lo contrario se les negará su candidatura.

En el país se ha avanzado con #3de3VsViolencia pues en el 2020 los congresos locales de los estados de Chihuahua, Puebla, Oaxaca, Jalisco y el Estado de México realizaron reformas en sus leyes para que sea un requisito obligatorio y se le niegue una candidatura a una persona por haber cometido violencia de género.

 

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