GOBERNACIÓN ABRE DIÁLOGO CON TELEFONISTAS DE BC Y SONORA

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación finalmente abrió la mesa de diálogo con los telefonistas de la Baja California y Sonora, luego de que los trabajadores sindicalizados de la región Noroeste del País emprendieran una serie de manifestaciones y expresiones de inconformidad ante la medida de Separación Funcional de Telnor que podría poner en riesgo sus derechos laborales y logros sindicales adquiridos durante más de seis décadas.

Así lo informó Raquel Machado Sepúlveda, Secretaria General del Sindicato de Telefonistas de la Baja California y Sonora (Sindetel), quien destacó que la instrucción de abrir la Mesa de Diálogo fue directamente del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que la Mesa Intersecretarial debería de estar en marcha desde principios de 2019, sin embargo ante las presiones de los trabajadores sindicalizados de Sindetel, en rechazo a la Separación Funcional de Telnor, la Secretaría de Gobernación les notificó sobre la apertura del diálogo en la Ciudad de México.

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Raquel Machado precisó que los trabajos de la mesa de diálogo iniciaron oficialmente el jueves 10 de octubre y seguirá durante los próximos días hasta alcanzar un acuerdo con los trabajadores sindicalizados de Baja California y Sonora, así como también a los de la República Mexicana, quienes enfrentan también la Separación Funcional de Telmex.

“El día miércoles 9 de octubre recibimos la invitación por parte de SEGOB  para dar inicio de manera oficial el jueves 10 de octubre a la mesa Intersecretarial, con la participación de representantes de alto nivel de la Presidencia de la República”, sostuvo la dirigente sindical.

Destacó la participación de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Del Trabajo, así como también el Instituto Federal dé Telecomunicaciones (IFT), América Móvil en representación de Telmex/Telnor, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y SINDETEL.

La Separación Funcional de Telnor consiste en una medida impuesta por el IFT para separar a la empresa en dos, por lo que tendrá que migrarse a la mitad del personal sindicalizado a la empresa de nueva creación y esto ha provocado preocupaciones en los más de dos mil 100 trabajadores de Baja California y Sonora.

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